Hace ahora un par de semanas el Consejo de Ministros aprobaba el texto del Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, y lo sometía a consultas previas hasta el próximo 1 de diciembre de 2021.
Esta norma pretende, en última instancia dar cumplimiento a lo que marca la Meta 3 de Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Esto es, de aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio alimentario per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
Para dimensionar lo que significa. Los datos oficiales sobre desperdicio en España hablan de que en 2019, último año con datos considerados normales -pensemos que 2020 es un ejercicio muy modulado por la pandemia y el confinamiento-, se desperdiciaron en los hogares casi casi 1.400 millones de kg, lo que supone algo más de 28 kg/habitante/año. Un esfuerzo titánico reducir a la mitad esas valores en nuestros domicilios, cuando las variaciones interanuales son del 1-2%.
El desperdicio alimentario ya se apuntaba de alguna manera en el Borrador de Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados cuando introducía en su articulado una definición inédita, la de residuos alimentarios de lo que decía eran todos los alimentos, tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que se han convertido en residuos.
Por tanto, algo se mueve por fin en este terreno que tiene mucho que ver con la sostenibilidad el uso eficiente de recursos o la gestión de residuos pero también y de manera muy especial con la igualdad social, la solidaridad. Mientras una parte de los ciudadanos del mundo -o de nuestra sociedad por no despersonalizar el problema, está mal nutrida, uno de los problemas médicos más acuciantes es el sobrepeso y el desperdicio de una parte significativa de lo que comemos.
La norma nos equipara a otros países de nuestro entorno y regula las cuestiones más visibles del desperdicio y de las pérdidas de alimentos, propone una jerarquía de prioridades muy similar a la que propone para los residuos y que comienza con la prevención y acaba en la valorización energética pasando por la donación y la redistribución, la transformación el uso como subproductos para l alimentación animal o el compostaje.
Distribuye obligaciones a los agentes de la cadena de alimentos, propone la redacción de planes de prevención para todos ellos, la formación del personal de la industria alimentaria y la comunicación e información al consumidor incidiendo en lo que llama racionalización de las fechas de consumo preferente.
Quizás este no sea el texto más valiente ni tampoco el más intervencionista que cabría esperar, a la vista del ambicioso objetivo que se propone, pero es un primer paso que seguramente verá modificada su redacción antes de su publicación.
Esperemos.
